Qué son los alimentos?

Es el conjunto de todo lo que necesita un niño y adolescente para vivir, vestirse, recibir atención médica, educarse, etc..

¿Cómo se pagan los alimentos?

Con cuotas en dinero, pero la persona obligada puede pedir que se paguen de otra manera.

Para fijar los alimentos siempre se tienen en cuenta las posibilidades económicas de quien debe pagarlos.

¿Cuándo deben pagarse alimentos?

Cada mes, por anticipado. También pueden fijarse períodos más cortos.

¿Qué documentación necesita?

Fotocopia de DNI del solicitante
Partida de nacimiento del/os menor/es (en caso de peticionar alimentos en favor del/os hijo/s).
Conocer del progenitor el número de DNI y, si es posible la dirección (calle, número, entre calles, piso, departamento y donde trabaja). +
- HONORARIOS
RECUERDE PRIMERO CONSULTAR LOS HONORARIOS DEL ESTUDIO PARA IMPULSAR LA DEMANDA POR ALIMENTOS.
Apertura de carpeta 4 IUS – *
Apertura de carpeta demandado, consulte
Alimentos en sentencia o en el acuerdo provisorio *3 cuotas alimentado (es quien nos contrata) También puede realizar un plan de pagos con el estudio

► Recuerde que el demandado debe tener recibo de sueldo(relación de dependencia) o persona registrada en Afip (EJ.: monotributo, responsable inscrito etc), el estudio no toma casos de alimentos con trabajadores no registrados (en negro)-

A continuación brindamos información sobre el más común de los casos, la demanda de alimentos en favor de los hijos:

ALIMENTOS PROVISORIOS

Una vez iniciada la demanda de alimentos en favor de los hijos, el juez lo primero que va a realizar es fijar una cuota provisoria, que se establece con el fin de proteger el derecho del menor a percibir alimentos durante la tramitación del juicio. En caso de que el progenitor del menor trabaje en blanco, en relación de dependencia, se va a trabar una retención directa de sus haberes por el porcentaje de alimentos provisorios fijados por el juez. El monto que se le descuente de su salario va a ser depositado directamente por el empleador del demandado en una cuenta judicial en favor de la progenitora del menor, quien va a poder retirar de allí el dinero.

AUDIENCIA CONCILIATORIA Y SENTENCIA

Al mismo tiempo el juez va a fijar una fecha de audiencia conciliatoria, para que ambos progenitores puedan, dentro del juzgado, intentar llegar a un acuerdo y fijar la cuota de alimentos definitiva que le va a corresponder al menor. En caso de que se pongan de acuerdo, se va a firmar un acta y se va a dejar establecido ese acuerdo para las partes, que se va a homologar en una sentencia. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo en esa audiencia, el expediente va a continuar y quien va a definir la cuota alimentaria va a ser el juez en la sentencia que dicte de acuerdo a las pruebas presentadas por las partes.

Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, y que por lo tanto se pueden establecer acuerdo que incluyan además de un monto fijo en dinero el pago de gastos como por ejemplo el colegio y la obra social. Además, las cuotas de alimentos se fijan de forma proporcional a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.

Aunque el niño conviva de forma alternada o indistinta con ambos progenitores, si los recursos de estos no son equivalentes aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares.

El deber de alimentos para con los hijos es hasta la edad de 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad (18 años) cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. El deber de alimentos puede extenderse hasta los 25 años si el hijo acredita que la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente, en este caso debe probarse la imposibilidad de trabajar, como consecuencia de la exigencia de los estudios cursados.

¿Quién puede pedir alimentos?

El cónyuge a su cónyuge
El divorciado a su ex cónyuge
Ascendientes y descendientes
Hermanos bilaterales y unilaterales
Parientes por afinidad en primer grado (suegro/a, yerno, nuera)
Hijo no reconocido
Mujer embarazada

¿Cómo son los alimentos solicitados por ascendientes (madres, padres, abuelos) y descendientes (hijos), hermanos bilaterales y unilaterales?

¿Qué necesitan los hijos para pedirle alimentos a sus padres?

Sólo necesitan probar el vínculo, porque los padres tienen la obligación de alimentar a los hijos.

¿Hay un límite de edad para que los hijos pidan alimentos a sus padres?

La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que los progenitores acrediten que el hijo mayor de edad no puede mantenerse por sus propios medios.

¿Hasta cuándo se debe la obligación?

Hasta los 21 años, excepto que el hijo por motivo de estudios o preparación profesional de un arte u oficio no pueda proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.

¿Que pasa si soy un hijo no reconocido y quiero pedirle alimentos al padre/madre que no me reconoció?

El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Este proceso de alimentos debe ir acompañado con un juicio de filiación. En el caso en que se inicie primero el proceso de alimentos, el juez en la resolución que determina alimentos provisorios debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida.

Si estoy embarazada ¿puedo pedir alimentos al padre de mi hijo?

La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.

¿Puedo pedirle alimentos a mi cónyuge estando aún casados?

Sí, los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho.
Si no cumplen se pueden demandar por las reglas de alimentos de parentesco.

¿Puedo pedirle alimentos a mi ex cónyuge luego del divorcio?

Sí, pero solo procede cuando:
A- La persona que pide los alimentos tiene una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse.
En este supuesto, en caso de muerte del alimentante la obligación se transmite a sus herederos.
B- Ex cónyuge que no tiene recursos propios ni posibilidad de procurárselos.

Para otorgar estos alimentos se tiene en cuenta: la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos; e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar.

Y tiene dos límites:
1) Que la obligación no puede tener una duración superior al tiempo que duró el matrimonio.
2) No procede si ya se pidió una compensación económica.

¿Qué es la cuota de alimentos?

Es el monto que debe pagar el padre que no convive con sus hijos (en caso de divorcio o separación de hecho) para colaborar con los gastos destinados al bienestar de los hijos.

¿Cuál es el porcentaje de la cuota alimentaria?

El porcentaje de la cuota alimentaria queda a criterio del Juez, oscila entre un 20% y un 30% de los ingresos de los padres (para empleados Registrados en relación de dependencia.

¿Qué es el régimen de parentalidad?

Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

¿Quién fija la cuota alimentaria de nuestros hijos si nos divorciamos?

El monto de la cuota alimentaria debe ser acordado por los padres y para que tenga validez debe estar homologada judicialmente. Si los padres no llegan a un acuerdo, será el Juez que determines la suma a ser pagada, teniendo en cuenta los ingresos de ambos progenitores.

¿Qué son los alimentos provisorios?

Son aquellos que fija el juez para ser pagados durante la tramitación del juicio.

¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para fijar la cuota alimentaria provisorio?¿Cuáles son los gastos que cubre la cuota alimentaria?

Los gastos de su crianza depende muchas veces de la edad, la cuota alimentaria se puede fijar tanto en dinero como en especies, por ejemplo; la cuota del colegio, obra social, ropa para los chicos, si posee alguna discapacidad física o psíquica, etc. con sus presentando los recibos de pago, en este caso el otro padre pagará la diferencia.

¿Que es una medida cautelar de alimentos?

Tiene como finalidad individualizar determinados bienes y conservarlos, para que sirvan de garantía a una eventual ejecución forzada. De esta forma, se consigue aislar del patrimonio del deudor ciertos bienes , los cuales desde ese momento quedan sometidos a un régimen jurídico especial.

¿Cuándo tengo que pagar la cuota alimentaria de mi hijo?

El momento en que se paga la cuota alimentaria lo acuerdan los padres o lo dispone el juez. Se puede pagar por mes, cada 15 días o por semana, por ejemplo.

¿Qué hago si el otro progenitor no paga los alimentos de mi hijo/a?

Podes consultar con un abogado para ver si llegan a un acuerdo con el progenitor incumplidor, y si no se llega a un acuerdo se iniciará un reclamo de alimentos en el juzgado cuya jurisdicción se corresponda con el centro de vida de los niños.

¿Quién puede hacer el reclamo cuando uno de los padres no paga los alimentos del hijo?

Los Hijos a los padres, uno de los progenitores al otro, alguno de los parientes entre sí, por ejemplo: un nieto a un abuelo o de un abuelo a uno de los progenitores.

¿Puedo reclamarle a los abuelos los alimentos para mis hijos?

Sí. Podés reclamarle a los abuelos alimentos para tus hijos en el mismo juicio de alimentos contra el padre que no paga o en otro juicio diferente. Pero para ello, vas a tener que demostrar que es difícil recibir los alimentos del padre incumplidor.

Durante el juicio por alimentos ¿mi hijo puede recibir alimentos?

Si. El juez puede ordenar el pago de alimentos provisorios durante el juicio cuando el padre que cuida al hijo demuestra que los necesita por falta de medios.

Comprendiendo la problemática familiar que existe como trasfondo en estos casos siempre proponemos, como primera medida, intentar medios alternativos para solucionar el conflicto antes de iniciar el juicio, con el fin de que las partes se acerquen y puedan

REGISTRO DEUDORES

Registro de deudores morosos alimentarios es un importante factor de presión para que se cumpla la obligación alimentaria ya que influye, por ejemplo, en la posibilidad de renovar u obtener una licencia para conducir para el progenitor que incumple con el pago de la cuota alimentaria, y es uno de los aspectos que más molestan, muchas veces, al incumplidor.

Oficio a deudores de aliemntos: reg.deudores.alimentarios@mjus.gba.gob.ar

¿Qué es el RDAM?

Registro de deudores morosos alimentarios

El Registro de Deudores Alimentario fue creado por la Ley 13.074 y tiene por objeto registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, que adeude determinado número de cuotas (tres cuotas consecutivas o cinco alternadas) previa intimación al pago.

¿Qué es el “deber alimentario”?

La obligación de dar alimentos que tienen los padres y las madres con respecto a sus hijos/as comprende todo lo que ellos y ellas necesitan para su manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.
El deber alimentario se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial y en tratados internacionales.
Por regla ambos progenitores tienen el deber dar alimentos a sus hijos e hijas convivan o no con ellos/as.

Puede consultar aquí su estado

https://www.gba.gob.ar/justicia_y_ddhh/deudores_alimentarios#certificado

¿Hasta cuándo hay “deber alimentario”?

Los padres y las madres tienen “deber alimentario” con respecto a sus hijos e hijas hasta que estos/as cumplan 21 años o hasta los 25 años si estudian o se capacitan en un arte u oficio y no pueden mantenerse por sus propios medios.

En caso de divorcio o separación de los padres

¿Quién fija la cuota alimentaria de los/as hijos/as?

¿Quiénes pueden pedir la inscripción del deudor?

¿Cómo y dónde realizo la inscripción de un deudor o su levantamiento?

¿Qué implica la inscripción para un deudor moroso?

¿Qué es el certificado de Libre Deuda?¿Cómo lo obtengo?

DENUNCIA PENAL

Denuncia penal por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, contemplado en la ley 13.944 que estipula que: “Art. 1º. – Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de setecientos cincuenta a veinticinco mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeran a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido.”

Sanciones a un empleador por no retener la cuota alimentaria

FALLOS ALIMENTOS

Fallo: Sanciones a un empleador por no retener la cuota alimentaria, deberá asistir al Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia

A., C. L. C/ P., E. D. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA. Juzgado de Paz de Daireaux, 28/11/2023. Juez interviniente Pablo Javier Heredia.

Por Erica Pérez*
para Diario Digital Femenino

Descarga el fallo completo: aquí

I.- Resumen

Que notificado el embargo dispuesto en autos sobre los haberes del demandado Sr. P. Se realiza intimación ordenando que deberá depositar mensualmente en la cuenta alimentaria, la suma equivalente al 39,12 % del salario mínimo vital y móvil, dicho depósito deberá efectuarlo dentro de los tres días de retenidas las sumas. Todo ello, bajo apercibimiento de:

a) imponer astreintes consistentes en 1 Jus (hoy $ 12.083) por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial impartida b) ordenar la concurrencia del empleador al Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia, que exista en la ciudad de Olavarría«.

Luego de ser notificada dicha resolución, se denuncia un nuevo incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, en tanto el empleador ha incumplido la obligación de depositar las sumas embargadas, en la cuenta judicial de autos.

II.- La responsabilidad solidaria Art. 551. La perpetuación de la violencia económica y patrimonial

Que el art. 551 del CC y C ha venido a llenar un vacío sobre la responsabilidad específica del agente de retención. Desde una mirada abstracta la conducta del empleador ha sido de incumplimiento a una manda judicial, lo que genera la atribución de la responsabilidad solidaria-en este caso del pago de la cuota alimentaria-. Desde una mirada en clave de las niñeces dicha conducta ha vulnerado derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, por lo que se deben otorgar las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea afectiva, se adopten las medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad, y se prevenga la reiteración de conductas como la de autos.

Y por su parte, la conducta desplegada contribuye a la perpetuación de la violencia económica y patrimonial (Conf. Ley 26.485) dirigida a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías, entre ellas el retaceo de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de sus ingresos. (Art. 5 inc. 4 ap. C) Ley 26.485), siendo entendiéndose como un modo de ejercicio de violencia económica la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre, en este caso no solo por su progenitor sino además por su empleador.

III.- Se deben desafiar y desmantelar las estructuras de poder y privilegios masculinas

No puede dejar de desconocerse el contexto social en el cual se emite la presente resolución. En tal sentido resulta necesario evocar el “Informe 2022 sobre Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires – un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. El documento pone en agenda una temática que afecta a un gran número de mujeres de nuestra provincia y da cuenta de una situación estructural que tiene consecuencias económicas como la feminización y la infantilización de la pobreza.

Que la materia de la presente causa debe tener especial consideración, por lo que la orden judicial de retener ha de ser cumplida pero asimismo se debe garantizar que dicha conducta negligente o dolosa no se vuelva reiterar, toda vez que están en juego derechos fundamentales, como lo son el pago de una cuota alimentaria que comprende la cobertura de las necesidades básicas de un niño/adolescente que hacen al desarrollo de este como persona, por lo que la omisión de dichas obligaciones provocan innecesarios padecimientos debiendo prevalecer el “interés superior del niño” como pauta hermenéutica constitucional y principio rector para los derechos en pugna.

Ahora bien, el hecho de aplicar una sanción económica no aborda de manera integral la actitud del empleador encuadrable dentro de la denominada violencia económica quien debió cumplir una orden judicial cuyo fin último era garantizar el acceso a las necesidades de R. M. P., por lo que se hace necesario además evaluar otro tipo de medidas preventivas, en ese sentido Kaufman propone que para poner fin al ejercicio de violencia por parte de los hombres no sólo se debe empoderar a la mujer, sino que se deben desafiar y desmantelar las estructuras de poder y privilegios masculinas que pondrán fin al implícito permiso de uso de violencia que llevan consigo. Redefinir la masculinidad desmantelando las estructuras psíquicas y sociales de género, trabajando a los niños y hombres con emociones y sentimientos como la compasión, el amor y el respeto. Involucrarnos para reestructurar su rol dentro de la familia y en la sociedad, entre otras.

IV.- El mandato preventivo. La asistencia al programa de Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia

Para ello existen modelos de tratamiento de hombres que ejercen violencia que comienzan a aparecer y que buscan un lugar dentro de las políticas públicas para abordaje de la violencia de género.

Atento lo expuesto, considerando la naturaleza asistencial de la obligación –alimentos a favor de los hijos-, a fin que lo oportunamente resuelto en relación a los alimentos resulte eficaz, garantizándose de esta manera el acceso a la tutela judicial efectiva, prevista expresamente en el art. 8.1 de la Convención interamericana de Derechos Humanos, cuya violación puede dar lugar a la responsabilidad internacional del estado, [1] en el que se ha dicho que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas, corresponde imponerle al Sr. F. G. I., DNI N°, presidente de la empresa xx S.A, empleadora de E.D. P., la asistencia al programa de Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia, que exista en la ciudad de Olavarría.

Ello habida cuenta el principio de la debida diligencia por el cual la se impone la obligación al poder judicial que represento, de actuar ante un caso de violencia de género en un sentido amplio, comprensivo no sólo de una pronta investigación y sanción de los hechos acaecidos, sino además el de prevenir estas prácticas degradantes.[2]

Ello en miras de prevenir la repetición de hechos como el acontecido. Mientras las eventuales multas, astreintes o medidas de agresión netamente patrimoniales puedan eventualmente ser reparatorias para las víctimas o familiares de las consecuencias dañosas, la realización de este tipo de cursos tienen como fundamento el construir en el sujeto que ejerce violencia – en este caso económica – nuevas pautas de comunicación y desempeño en sociedad que erradiquen todo tipo de conductas agresivas o violentas. Esta es una de las pautas de prevención esenciales en manos del poder judicial que tiende a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

Así también en nuestro orden normativo interno, nos encontramos con lo dispuesto por el Art. 1711 ss y cc del CCyC, – el mandato preventivo – por el cual los magistrados pueden en nombre de la jurisdicción civil preventiva emitir órdenes judiciales (aun respecto de terceros ajenos al proceso civil respectivo) cuando la sustanciación de un proceso le ha dado la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable que un daño ya acaecido se repita (o agrave) en detrimento de sujetos identificados o no”.[3] Y tal circunstancia se materializará respecto del presente grupo familiar y de las futuras víctimas de violencia de género, en tanto tal como se reflejara en la presente resolución, la conducta del empleador reacio a la retención de los haberes no se da en un contexto aislado, sino que se da en marco prácticamente endémico, y se pretende evitar que ante situaciones similares el empleador vuelva a comportarse de la misma manera.

POR ELLO, RESUELVO: 1) Imponer a la empresa …. S.A una multa de un (1) jus diario (hoy $13.865) por cada día de incumplimiento de la retención de haberes respecto de los ingresos de E. D. P.

2) Ordenar el embargo de los activos financieros de la empresa …. S.A (empleador del alimentante) por la suma mensual de la cuota alimentaria denunciada como incumplida. (Art. 551 del CCyC).

3) Se hace saber al Sr. F. G. Iza, DNI N° …, presidente de la empresa … S.A que deberá concurrir a las entrevistas previstas para la admisión al dispositivo de abordaje para Varones que ejercen Violencia, que exista en la ciudad de Olavarría y con posterioridad, en caso de ser admitido, deberá participar de la totalidad de los encuentros semanales previstos. La presente disposición se dicta bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Art. 7 bis de la Ley 12569, para casos de incumplimiento.

Y en caso de no concurrir de manera voluntaria a la entrevista de admisión, será conducido a la misma por la fuerza pública. La falta de cumplimiento con el espacio será considerado como desobediencia a la presente resolución judicial (Art. 239 del Código Penal).

Sanciones a un empleador por no retener la cuota alimentaria

V.- A modo de conclusión:

Retener la cuota alimentaria por parte del empleador, es una orden judicial que debe ser cumplida. Imponiendo sanciones en el caso de no ser así, debiendo el juez adoptar medidas preventivas ante los futuros incumplimientos. Por ello además de medidas como astreintes (multas), embargos financieros, decide ordenar la asistencia a dispositivos por parte del incumplidor asegurando de esta forma la no repetición de los actos, como mandato preventivo.

Referencias Bibliográficas

[1] en virtud del precedente «Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia, del 28-11-2003.

[2] (CIDH, Jessica Lenaban (Gonzalez) y otros. Caso 12.626. Informe 80/11 del 21/07/2011, párr. 131), en tanto el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (Art. 6 de la Convención de Belem do Pará y CEDAW); y el derecho al acceso a la protección judicial consagrado en el art. 25 de la Convención Americana (CIDH «Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas» 20/01/2007, Párr. 56; Ley 26485 y Arts. 1711 ss y cc del CCyC ).

[3] (Peyrano, Jorge W. “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”. 1ra. Ed. revisada. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2016. p. 82.)

Procesos por alimentos en la Provincia de Buenos Aires (reforma 2024)

Introducción

El 12 de diciembre de 2024 la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de buenos Aires convirtió en ley el proyecto que, básicamente, simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, contiene otras disposiciones referentes a la obligación alimentaria que exceden el marco del proceso por fijación de la cuota alimentaria.

Con tal finalidad se modifican varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Es un destacable avance en la materia que vamos a analizar “ut infra”.

1. Prueba informativa. Acreditación de los ingresos del demandado

Se modifica el art. 396 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, se determina que, en los procesos de alimentos, el plazo para contestar informes, solicitados a través de un oficio judicial, será de 7 días hábiles para las oficinas públicas y de 5 días hábiles para las entidades privadas.

Por lo tanto, se acortan los plazos para contestación de los oficios que requieren informes en otro tipo de procesos, conforme lo preceptuado en la primera parte de este art. 396 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (20 días hábiles las oficinas públicas y 10 días hábiles las entidades privadas).

Esto tiene que ver con la comprobación de los bienes que posea el demandado.

Pero, también, con la comprobación del caudal económico o los ingresos con que cuenta el demandado en un proceso por alimentos, cuando no se pueda comprobar los mismos a través de prueba directa y se tenga que recurrir a la prueba indirecta o indiciaria a través del pedido de tales informes.

Siendo que la acreditación del caudal económico o los ingresos con que cuenta el demandado muchas veces resulta dificultosa para quien reclama los alimentos (a pesar de que la ley faculta al actor a utilizar todos los medios de prueba), pues es frecuente el desconocimiento de las fuentes de ingresos del demandado, se le permite a la accionante recurrir a indicios que formen la convicción del juez para fijar la cuota alimentaria.

Por ello, se ha dicho[1] que “en el proceso de alimentos no es necesario que la prueba del caudal económico del alimentante sea en su totalidad directa, sino que pueden sumarse indicios o presunciones, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias, aunque valoradas con criterio amplio a favor de la pretensión del beneficiario”.

En tal proceso, no se requerirá la demostración exacta de los ingresos del demandado, o la de su patrimonio, sino de un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la cuota[2].

En consecuencia, ante la imposibilidad de demostrar el caudal económico del demandado mediante prueba directa, cabe admitir que el actor deduzca prueba indirecta consistente en acreditar el nivel de vida y/o los gastos del demandado, mediante la cual se presumirán los ingresos de éste para determinar la procedencia de fijar la cuota, como, asimismo, el “quantum” de ésta.

Por nuestra parte, sin pretender realizar una enumeración taxativa, podemos señalar algunos de los indicios que llevarán a presumir los ingresos del accionado: ser titular de una cuenta corriente o caja de ahorro, de un plazo fijo, de una caja de seguridad en una institución bancaria, de un automóvil, de un inmueble destinado a pasar el fin de semana o las vacaciones, de telefonía celular, estar afiliado a una empresa de medicina prepaga (más aún, si ya se cuenta con estos servicios proporcionados por una obra social) o de televisión por cable o satelital, y/o vivir en un country o en un suntuoso inmueble (aunque no sea de su propiedad, si se abona una suma dineraria en concepto de alquiler).

La jurisprudencia permite comprobar los ingresos del demandado a través de prueba directa o, asimismo, de prueba indirecta, es decir, acreditando sus gastos.

En relación con ello, un fallo[3] determinó que “si bien el accionado mencionó que su único ingreso es el salario que percibe de su empleadora y que su tarjeta de crédito y caja de ahorro registran un escaso nivel de gastos y movimientos, no ha de perderse de vista que para obtener tales productos el interesado debe acreditar frente a la entidad bancaria cierta solvencia económica que no se condice con el nivel de erogaciones que se informan”.

Ese mismo fallo[4], agrega: “Si bien en la especie ha sido acreditada la remuneración que percibe el padre por su actividad en relación de dependencia, lo cierto es que los gastos que demandan la manutención del automotor, los de la vivienda donde habita con su nueva familia y las necesidades de ésta y los alimentos de la menor objeto de autos, conducen a presumir que no se han demostrado la totalidad de los recursos del accionado, de ahí que debe utilizarse la prueba indirecta o de presunciones y, en ese aspecto, la falta de determinación de las remuneraciones autoriza a optar por el criterio más favorable a la alimentada”.

Pero, aunque no consten dichos bienes a nombre del demandado, en tanto resulta ser éste quien efectivamente los usufructúa, o si sus gastos reflejan un alto nivel de vida, no podrá aducir —como ocurre con inusitada frecuencia, a fin de eludir que el juez fije una cuota alimentaria— que esos bienes “se los presta” algún familiar, amigo, o su nueva pareja, o que todos sus gastos son solventados por aquellas personas.

2. Ejecución de la cuota alimentaria. Convenio no homologado. Vista al Ministerio Público.

Se modifica el art. 521 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los títulos que traen aparejada la ejecución se contempla en el inc. 7º del art. 521 precitado: “el convenio de alimentos no homologado judicialmente que no reúna las condiciones establecidas en el inciso 2) en los siguientes casos: I. que cuente con firma certificada judicialmente o por autoridad administrativa competente, con intervención del obligado II. Que haya tenido principio de ejecución debidamente comprobado”.

Por lo tanto, se innova al respecto y se permite la ejecución del convenio de alimentos no presentado para homologar en sede judicial si ese convenio cuenta con firma certificada judicialmente o por autoridad administrativa competente, con intervención del obligado.

Asimismo, tendrá fuerza ejecutoria el convenio alimentario no homologado en sede judicial que haya tenido principio de ejecución debidamente comprobado.

Cabe recordar, al respecto, que la posición tradicional respecto de la ejecutoriedad en materia de convenios establece que el acuerdo homologado en sede judicial es equiparable en cuanto a su fuerza ejecutoria a una sentencia condenatoria.

Por lo tanto, en principio, para que el convenio sea ejecutable debería estar homologado en sede judicial.

Una vez que ha sido homologado, se procederá para su ejecución como en el caso de una sentencia.

Sin embargo, si el convenio por alimentos no se encuentra homologado judicialmente, alguna jurisprudencia interpretaba que igualmente tiene fuerza ejecutiva para las partes que lo suscribieron.

En tal sentido, se ha ido abriendo paso la postura jurisprudencial que permite la denominada “homologación tácita”, por la cual, a un convenio que no ha sido homologado pero que viene siendo cumplido por las partes se le asigna fuerza ejecutiva.

Este criterio jurisprudencial es el que acoge la modificación impetrada por el art. 521 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, y en este mismo tema (convenios alimentarios no homologados en sede judicial), se reforma el art. 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, se establece que la citación del demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará bajo apercibimiento de que sino compareciere personalmente o no contestaré se tendrá por reconocido el documento.

Y se agrega que, en el caso de los convenios de alimentos no homologados, se deberá dar vista al Ministerio Público a fin de que se expida al respecto, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

3. Admisión expresa de la prueba indiciaria

Se modifica el art. 635 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y se estable que entre los requisitos que se deberán cumplir al interponer la demanda se deberá “denunciar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien debe suministrarlos, siendo suficiente la prueba indiciaria”.

Como ya lo señalamos “ut supra”, siendo que la acreditación del caudal económico o los ingresos con que cuenta el demandado muchas veces resulta dificultosa para quien reclama los alimentos, pues es frecuente el desconocimiento de las fuentes de ingresos del demandado, se le permite a la accionante recurrir a indicios que formen la convicción del juez para fijar la cuota alimentaria.

Por lo tanto, en el proceso por fijación de cuota alimentaria, no se requerirá la demostración exacta de los ingresos del demandado, o la de su patrimonio, sino de un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la cuota.

Y ello es lo que reconoce, explícitamente, la modificación impetrada en el art. 635 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

4. Utilización de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea para notificar

Se incorpora el art. 635 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Esta norma legal permite que, cuando no se pueda notificar por los medios habituales, tanto el traslado del inicio de la etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar, la sentencia que establezca alimentos provisorios, o cualquier otra notificación o citación a la demandada, sea realizada a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea siempre que el demandado no se encuentre inscripto en el Registro de Domicilios Electrónicos.

Para su diligenciamiento, que se llevará a cabo con la intervención del actuario, se utilizará el sistema de telefonía celular o cualquier otro dispositivo de comunicación.

En caso de utilizarse el sistema de telefonía celular la parte actora denunciará el teléfono móvil del destinatario de la notificación.

Se soluciona con esta norma el frecuente problema con que tropezaba el reclamo alimentario de niños, niñas y adolescentes al no poderse notificar, por los medios tradicionales, de la demanda por fijación de cuota alimentaria.

Asimismo, se reconoce legalmente, en el art. 635 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, lo que había sido admitido por numerosos fallos tratándose de notificación en materia de procesos por alimentos.

Al respecto, la jurisprudencia utilizó este mecanismo de notificación en muchas ocasiones durante la pandemia de COVID-19 a raíz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto, en aquella época, por el P.E.N.

Pero, más allá de la pandemia de COVID-19, fallos de los últimos tiempos habían dispuesto esta forma de notificación en los procesos por alimentos.

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil autorizó notificar mediante WhatsApp o correo electrónico el proveído que le impuso alimentos provisorios a un progenitor que se encuentra en Canadá[5].

El fallo destacó el tiempo que insumiría la notificación del demandado, en extraña jurisdicción, en el marco de la emergencia sanitaria. El progenitor se encuentra trabajando en la ciudad de Vancouver, Canadá.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor de la notificación de un proveído que impone alimentos provisorios a un progenitor mediante WhatsApp o correo electrónico.

El caso llegó a la Sala de Feria por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión que desestimó el pedido de notificar la fijación de alimentos provisorios mediante WhatsApp.

Sin embargo, la actora esgrimió el tiempo que demorará una notificación por vía de exhorto internacional en las condiciones sanitarias actuales, incluso con la posibilidad latente de que la misma tenga resultado infructuoso, atenta contra la efectiva tutela de los derechos que aquí se discuten.

En este sentido, la mujer destacó las restricciones vigentes en la atención y trámites en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como también los gastos de traducción y sellado que insumirá la tramitación del exhorto diplomático.

Por su parte, el Defensor de Menores adhirió a los agravios vertidos por la progenitora accionante y solicitó la modificación de la medida apelada.

Así planteado el caso, la Cámara Civil resolvió autorizar la notificación por medio del servicio de WhatsApp de la resolución que fija los alimentos provisorios, bajo responsabilidad de la parte actora, al número de celular que informe la solicitante como correspondiente al alimentante.

Además, se dispuso que, si no fuere factible la notificación por el medio solicitado, la diligencia podrá concretarse por correo electrónico o e-mail, el que deberá denunciarse por la solicitante.

La Alzada consideró viable acudir a las herramientas tecnológicas actualmente disponibles, con el objetivo de facilitar a las partes el acceso a la justicia y, a la vez, observar las directivas trazadas por nuestro máximo Tribunal, en el sentido que las funciones se cumplan prioritariamente desde los lugares de aislamiento.

En otro fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón[6], Sala III, se flexibilizaron las normas procesales en una causa por alimentos (autos “A., M. A. vs. S., J. L. L. s. Alimentos”) y se procedió a notificar por WhatsApp.

En esa sentencia se determinó que:

“Se revoca la resolución de grado que autorizó a notificar mediante carta documento el auto regulatorio de honorarios, y en su lugar, se faculta -bajo su responsabilidad- a la parte actora y a su letrado a notificar vía WhatsApp las resoluciones conforme fuera solicitado por ellas (sentencia, homologación y regulación de honorarios)”.

“Ello así pues, considerando la temática y las resoluciones que se pretende notificar, agregando también el contexto vigente es que en pos de tornar operativas las normas que destacan la primacía de las decisiones que sean de carácter alimentario, resulta necesario hacer lugar al recurso”.

“Se dispone finalmente, que a tal fin quedará a cargo de la accionante y su letrado el envío de copias en formato pdf a la línea telefónica pertinente”.

“Luego se tendrán que acreditar las capturas de pantalla, las constancias de envío, su respectiva recepción y lectura de cada mensaje; quedando a cargo de la accionante y su letrado la conservación de tales constancias ante cualquier eventualidad procesal que pudiera presentarse en el futuro”.

5. Obligatoriedad de fijar alimentos provisorios al principio del proceso. Sanciones ante su falta de pago

Se incorpora el art. 636 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Esta norma legal obliga al juez a fijar alimentos provisorios desde el principio de la causa.

Explícitamente, el art. 636 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires preceptúa que los alimentos provisorios deben fijarse en el primer auto, salvo que se soliciten con posterioridad, en un plazo no mayor a 5 días.

Asimismo, ante el incumplimiento del pago de estos alimentos provisorios se establecen las sanciones de multa pecuniaria conforme al art. 637, inc. 1º del CPCCBA y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Asimismo, podrá adoptar todas las medidas razonables que garanticen la efectividad y ejecución de lo resuelto respecto de estos alimentos.

6. Ausencia injustificada del demandado a la audiencia preliminar

Se modifica el art. 637 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

En caso de ausencia injustificada del demandado por alimentos a la audiencia preliminar se le fijará una multa de entre 10 y 200 Jus y se le impondrán los intereses que establece el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación (es decir la tasa de interés más alta que fijen los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina).

7. Plazo para dictar sentencia. Efectos retroactivos. Parámetros para fijar la cuantía de la cuota alimentaria.

Se modifica el art. 641 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, se establece que el plazo para dictar sentencia en el proceso por alimentos es de 5 días de producida la prueba ofrecida por la actora.

Asimismo, esta norma determina que la sentencia que fija una cuota alimentaria se retrotrae a la fecha de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente siempre que la demanda se hubiera interpuesto dentro de los 6 meses de contados desde su interpelación.

En tanto, de no haber mediado interpelación fehaciente o no haberse promovido la demanda en el plazo señalado, los efectos de esa sentencia se retrotraen a la fecha de inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, la que fuese anterior.

Respecto de la retroactividad de la sentencia condenatoria que fija una cuota alimentaria, cabe traer a colación lo que establece en concordancia el art. 548 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Reza, el art. 548 del CCCN: “Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde los seis meses de la interpelación”.

Esta norma legal establece que los efectos de la sentencia que fija los alimentos se retrotraen al día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente (en este último caso, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de tal interpelación).

Queremos señalar que la jurisprudencia aplicó lo que enuncia el art. 548 (retroactividad de la sentencia al momento de la interposición de la demanda), salvo en algunos casos muy concretos donde la Alzada optó por otra solución[7].

Cuando este art. 548 del CCCN se refiere a “la interpelación por un medio fehaciente” queda comprendida en este supuesto la interpelación mediante carta documento.

La interpelación mediante carta documento, en materia de alimentos, había sido admitida por un fallo[8] durante la vigencia del Código Civil anterior.

En tal sentido, esa jurisprudencia determinó que “los alimentos se deben desde la iniciación de la demanda o desde que se hizo saber el estado de necesidad —en el caso, mediante una carta documento— de manera que la condena tiene efecto retroactivo a esa fecha”[9].

Más allá de este fallo, en la actualidad, es muy importante que el art. 548 del CCCN reconozca un fuerte efecto jurídico al reclamo alimentario por carta documento.

Por un lado, como acontecía antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, enviada la carta documento al pariente obligado —al cual se le reclaman los alimentos— ello lo podrá conminar a reconocer esa obligación y arribar a un acuerdo o convenio de alimentos.

Pero, lo importante a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación es que su art. 548 dota a esa carta documento de un muy importante efecto jurídico: la retroactividad del momento en que rige la cuota alimentaria fijada.

Es decir, que la cuota alimentaria fijada por sentencia condenatoria de un juez o tribunal se va a retrotraer al momento en que el obligado se notificó de esa carta documento, momento que podrá ser anterior a la etapa de mediación previa y obligatoria o a la etapa prejudicial que ordenan varios Códigos de rito.

Decimos que se retrotrae al momento en que se notificó a ese obligado mediante carta documento, pues es el instante en que tomó conocimiento de ese reclamo alimentario, no siendo —a nuestro criterio— acertado que la retroactividad de la cuota alimentaria se compute a la fecha del envío de esa carta documento.

De lo expuesto en los párrafos precedentes podemos concluir que, en la práctica profesional, si llega a nuestro estudio jurídico un cliente que pretende hacer un reclamo alimentario, lo primero que tendremos que hacer es efectuar ese reclamo a través de una carta documento.

Notificado al obligado alimentario por ese medio, podremos lograr que se allane a ese reclamo y se acuerde una cuota alimentaria y, si ello no es así, lograremos retrotraer la cuota alimentaria fijada en sede judicial al momento de la notificación por ese medio.

Por supuesto, como —explícitamente— lo expresa el texto del art. 548 precitado, si se procede a través de este medio para reclamar la fijación de una cuota alimentaria, y no se arribó a un acuerdo, se deberá interponer una demanda por alimentos en sede judicial dentro desde los seis meses de tal interpelación.

Pero, más allá de la carta documento como vía para reclamar los alimentos entre parientes, como el mentado art. 548 del CCCN expresa que ese reclamo se podrá efectuar por un “medio fehaciente”, cabe interrogarnos si se podrán reclamar a través de los medios que nos proporcionan las nuevas tecnologías, como SMS o WhatsApp.

Recordemos que estas nuevas tecnologías han sido aceptadas, a partir de la pandemia del COVD-19, por parte de nuestros tribunales para notificar de un reclamo alimentario o para notificar de una sentencia que fijaba alimentos provisorios[10].

Por lo tanto, nos queda la duda si ese “medio fehaciente” que menciona el texto del propio art. 548 del CCCN podrá abarcar a los reclamos alimentarios efectuados a través de las nuevas tecnologías.

La misma consideración cabe hacer para el “medio fehaciente” que menciona el art. 641 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el art. 641 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires decreta que cuando se trate de menores de edad para la cuantificación de la cuota alimentaria deberá utilizarse el costo de la crianza que surge de la Canasta de Crianza establecida mensualmente por el I.N.D.E.C. o medición que adopte la Provincia de Buenos Aires.

La Canasta de Crianza es un parámetro que se utiliza, cada vez con mayor frecuencia en los últimos tiempos y es publicada mensualmente por el INDEC según la franja etaria de cada niño/a.

Atiende a los gastos que insume mensualmente la crianza de un niño/a, abarcando desde los 0 a los 12 años.

Es un parámetro para tener en cuenta al fijar la cuota alimentaria al momento de dictar la sentencia condenatoria de alimentos.

Pero, dicho ello, habrá que tener en cuenta los ingresos con que cuenta el progenitor no conviviente al que se le fija la cuota de alimentos.

En consecuencia, nos parece un parámetro acertado para aquellos progenitores que cuenten con los ingresos suficientes para cubrir con sus ingresos la Canasta de Crianza que publica mensualmente el INDEC.

Pero, ello no será aplicable quizás en todos los casos, teniendo en cuenta que el progenitor no conviviente puede percibir un salario de poca significación económica (por ejemplo, un Salario Mínimo Vital y Móvil).

Es que en materia alimentaria para fijar la cuota al progenitor no conviviente con su hijo/a habrá que considerar, aparte de las necesidades del alimentado, las posibilidades económicas del alimentante.

Más allá de estas consideraciones, la Canasta de Crianza ha sido aplicada en varias oportunidades.

Así, la CCC Sala II, Morón, 28/09/2023, determinó: “La llamada “canasta de crianza” confeccionada y publicada por el INDEC constituye un buen punto de partida para traer algo de objetividad a las determinaciones de las cuotas alimentarias tan indóciles e inciertas, más aún cuando -como en el caso- parte de las tareas desarrolladas por el alimentante no se llevan a cabo en el contexto de relaciones de dependencia formales. Ahora bien, se señala también que el índice en cuestión no es una pauta férrea a la que debemos ceñirnos de manera matemática, sino un dato indicativo -y promedio- que, luego, se irá contextualizando con las circunstancias de cada caso en concreto que se tenga que fallar”.

Asimismo, este parámetro fue utilizado por el Juzg. Fam. Nº 1, Pehuajó, Buenos Aires; 18/04/2024, al decir: “Se hace lugar a la acción entablada y se establece una cuota alimentaria que represente la suma necesaria para la atención del 50 % de la canasta de crianza, en tanto la misma define los costos de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y adolescencia, para ambos niños”.

También, por el Juzg. Fam. Nº 1, Trenque Lauquen, Buenos Aires; 15/11/2023; que sentenció: “Así, si bien no se hallan probados los ingresos mensuales del demandado, se toma como herramienta para el caso de la menor de las niñas, de dos años de edad, el Índice de Crianza actualmente implementado por el INDEC, el cual permite contribuir a la organización y planificación familiar y a la gestión de los cuidados, valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes en una franja etaria de 0 a 12 años”.

Con el mismo criterio, el Juzg. Fam., Niñez, Adol. y Violencia Nº 3, San Luis, San Luis; 11/08/2023: “En el marco de un proceso en que se hace lugar a la demanda de alimentos a favor de un niño de 8 años de edad y con un diagnóstico de encefalopatía epiléptica a los fines de determinar el quantum de la cuota alimentaria se utiliza el índice de la canasta de crianza del INDEC”.

También, la CNCiv. Sala B; 11/09/2023, decretó: “Por lo expuesto, se modifica la sentencia apelada y se fija la cuota alimentaria que debe abonar el progenitor demandado a favor de su hijo con los alcances que se establecen a continuación: a) la suma de 35.000 pesos mensuales desde la fecha de la interposición de la mediación hasta el mes de abril de 2022, inclusive; b) la suma de 63.000 pesos desde mayo de 2022 hasta el mes de abril de 2023,inclusive; c) el equivalente al 65 % del Índice de la Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia que publica el INDEC para la franja etaria de 6 a 12 años, desde mayo de 2023 y en lo sucesivo”.

Inclusive, este parámetro ha sido aplicado para fijar alimentos provisorios por el Juzg. Fam. N° 2, Lomas de Zamora, Buenos Aires; 01/08/2023: “Se hace lugar al pedido formulado por la actora de alimentos provisorios a favor de sus dos hijas menores de edad, por lo que se fija una cuota en el equivalente al 50 % de la “Canasta de Crianza” establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para la franja etaria de 6 a 12 años”.

8. Cuota suplementaria

Se modifica el art. 642 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires que trata sobre la cuota suplementaria de alimentos.

La cuota suplementaria es la que rige desde el requerimiento de alimentos hasta la sentencia condenatoria.

El art. 642 mencionado permite que el alimentante pueda solicitar que se abone en cuotas el monto de las cuotas suplementarias devengadas durante el trámite del proceso.

Es una facultad que se concede al alimentante, pero que podría ser denegada por el juzgado interviniente.

Aunque, por lo general, se acepta por parte de la jurisprudencia el pedido del alimentante de su pago en cuotas, ya que hace viable que, a partir de la sentencia, se puedan abonar —conjuntamente— esas cuotas suplementarias con las cuotas ordinarias que comienzan a devengarse.

9. Cumplimiento de la sentencia

Se modifica el art. 645 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Se establece que, si dentro del quinto día de intimado al pago, el alimentante no lo efectúa se procederá directamente al embargo.

Asimismo, que ante el incumplimiento de la cuota alimentaria el juez puede ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Aparentemente, un solo incumplimiento daría lugar a esa inscripción, no requiriéndose que se trate de incumplimientos reiterados.

Y, asimismo, ante tal incumplimiento tomar otras medidas razonables que garanticen la efectividad y lo resuelto en la sentencia condenatoria de alimentos.

Esto último se relaciona con lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 553 y 670.

Al respecto, cabe recordar que el art. 553, reza: “El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia”.

En tanto, el art. 670 dice: “Las disposiciones de este Código relativas al incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos”.

Dentro de estas medidas el juez podría no permitir la salida del país a quien deba cuotas alimentarias, la suspensión y prohibición de renovación de la licencia de conducir, la prohibición de concurrir a determinados espectáculos públicos o deportivos, la cancelación de líneas telefónicas, la prohibición de ingresar a un club social o deportivo, y la que limita la posibilidad de trabajar en determinado oficio o profesión. Todo ello, hasta que se cumpla con las cuotas alimentarias adeudadas.

Y así lo han establecido fallos de distintas jurisdicciones

10. Modificación de la cuota

Se modifica el art. 647 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Se establece que toda modificación de la cuota alimentaria (aumento, disminución, coparticipación o cese) tramitará por la vía incidental.

Asimismo, que en el aumento la nueva cantidad fijada rige desde el pedido de aumento o desde la solicitud en la etapa previa, lo que ocurra primero.

En tanto, la disminución, coparticipación o cese rige desde la sentencia que así lo dispone.

11. Presentación de la demanda por alimentos

Se modifica el art. 828 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Se podrá iniciar el reclamo en la etapa previa, pero —tratándose de un reclamo alimentario— también se lo podrá hacer directamente ante los Juzgados de Familia o los Juzgados de Paz.